El relator de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, afirmó que los talibanes pueden estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra las mujeres y niñas afganas, como el crimen de persecución por razones de género. “En mis consultas con supervivientes de Afganistán, en particular mujeres, enfatizan que lo que describe sus experiencias puede denominarse una discriminación de género y reclaman que se reconozca esto como un crimen de lesa humanidad”, recalcó el experto en la presentación de un nuevo informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sostuvo que hay una responsabilidad colectiva —incluso de la comunidad internacional— en desmantelar ese sistema y que los responsables sean sancionados por la justicia. Bennett advirtió además que este sistema de opresión se ha estado intensificando desde el año pasado con 52 promulgaciones de facto que no han hecho más que incrementar las restricciones impuestas a las mujeres. Entre las medidas más recientes, el régimen talibán anunció la semana pasada la rebaja al mínimo de los salarios de las funcionarias estatales, a las que previamente ya se les había prohibido acudir a sus puestos de trabajo. “La eliminación de las mujeres de la función pública afecta aún más a su capacidad de ser vistas y escuchadas y de participar en los procesos de toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas”, advirtió la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, en la misma sesión del consejo. Los talibanes también han negado el acceso a la educación a más de tres millones de niñas, apartándolas inicialmente del nivel secundario y más recientemente cerrando el acceso de las jóvenes a las universidades. El informe de Bennett expone que esa privación del derecho de las mujeres al trabajo, sumada a las restricciones a la libertad de circulación, les ha despojado de su autonomía económica y las ha llevado a depender de sus parientes varones. Además de la persecución por motivos de género, el relator también destacó la doble discriminación y violencia a la que se enfrentan las mujeres que pertenecen a grupos marginales, como aquellas con discapacidad, pertenecientes al colectivo LGBT+ o a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, entre otras.

Con información de Latinus