La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a los ministros de la Corte Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa, así como a Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de campaña durante la pasada elección judicial.

Las multas se redujeron con respecto a lo que el INE decidió imponer, debido a la revocación de diversos asuntos que, según los magistrados, no fueron evaluados correctamente por el INE.

¿Cuáles fueron las multas impuestas?

Para la presidenta del Tribunal de Disciplina, Celia Maya, se mantienen las sanciones por eventos reportados “por realizar”, que no fueron modificados o cancelados con 24 horas de anticipación; eventos que no se reportaron y si se realizaron; omisión de reportar operaciones en tiempo real y eventos reportados de forma extemporánea.

Estas sanciones significan multas que suman 4 mil 638 pesos para Celia Maya, sin embargo, se revocó una sanción por más de 29 mil pesos por aportación indebida a su campaña.

Para la ministra Yasmin Esquivel la sanción será de 12 mil 748 pesos, luego que se revocó una multa por más de 400 mil pesos que el INE impuso por considerar que recibió una aportación indebida y las irregularidades cometidas por no reportar eventos, cancelaciones, egresos no reportados o egresos no reportados y prohibidos.

En tanto, para el ministro Giovanni Figueroa se revocaron poco más de 200 pesos de multa impuesta por el INE, lo que modifica su sanción para pagar 2 mil 262 pesos.

Por último, también se multará al presidente de la Sala Superior, Gilberto Bátiz, con alrededor de 5 mil pesos por irregularidades en sus informes.

Para la votación de estas multas se excusaron de participar la magistrada Claudia Valle y el magistrado Bátiz.

Elección judicial, proceso histórico

Estas sanciones son el epílogo del histórico y polémico proceso electoral derivado de la reforma al Poder Judicial, impulsada desde el sexenio anterior.

 Por primera vez en la historia de México, la ciudadanía acudió a las urnas para elegir mediante voto popular, directo y secreto a las personas juzgadoras que integran la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y las Salas Regionales del TEPJF, entre otros cargos.

Este ejercicio democrático obligó a los candidatos —muchos de ellos jueces y magistrados de carrera— a realizar actos de proselitismo y campañas informativas bajo reglas estrictas de fiscalización diseñadas originalmente para partidos políticos.

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Con información de Excélsior