Legisladores de Texas buscan que la Administración de Donald Trump incluya en las negociaciones de aranceles con México para que cumpla con la distribución fronteriza del agua pactada hace décadas, ante la grave escasez del líquido que afronta el estado.

“El año pasado, una planta de azúcar en el Valle se vio obligada a cerrar debido a los niveles insuficientes de agua”, sostuvo la congresista demócrata estatal Erin Elizabeth Gámez.

La legisladora advirtió de “las graves consecuencias económicas” que enfrenta esa región debido al incumplimiento de México con el tratado de aguas de 1944, en un momento en que las tensiones comerciales entre ambos países se intensifican.

La congresista, que representa a una población de mayoría hispana (94.2%), coincide y apoya el decreto presentado esta semana por el senador estatal republicano Adam Hinojosa.

En el documento urgen al Gobierno de Claudia Sheimbaum que cumpla con un acuerdo bilateral firmado hace 80 años, en medio de pérdidas que ascienden a unos 993 millones de dólares anuales en el sur de Texas debido a la falta de agua para la irrigación, según cálculos de la universidad Texas A&M.

El decreto exige al Departamento de Estado de EE.UU. y a la Comisión Internacional de Límites y Aguas que tomen medidas para garantizar que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944.

Según el documento, México no ha cumplido con sus obligaciones en las últimas tres décadas, lo que ha provocado graves consecuencias económicas en el sur de Texas, “incluido el cierre permanente del único ingenio azucarero del estado en 2024 y reducciones significativas en la producción agrícola”.

“México ha expandido la producción agrícola en el estado de Chihuahua, utilizando volúmenes de agua que exceden lo acordado bajo el tratado”, subraya el decreto.

La solicitud de Hinojosa, que tiene apoyo bipartidista, subraya que dicho incremento ha reducido significativamente el suministro de agua para Texas, provocando graves repercusiones económicas y medioambientales en toda la región.

La demócrata Gámez subrayó que, sin un acceso fiable al agua, la producción agrícola y las industrias locales sufren, lo que afecta directamente el empleo, la inversión y la estabilidad económica general de la región.

“Bajo los términos del tratado, Estados Unidos proporciona a México agua del río Colorado. Deberíamos explorar la posibilidad de restringir o ajustar estas exportaciones como apalancamiento para asegurar que México cumpla con sus obligaciones”, agregó.

El senador estatal Charles Perry propone utilizar el flujo de agua del Río Bravo como elemento de presión en la relación bilateral.

“Condicionar el comercio a la entrega de agua podría beneficiar a los agricultores del valle de Texas, quienes enfrentan serias dificultades por la sequía”, sugirió Perry, según recogió el diario The Texas Tribune.

El republicano presentó el jueves un proyecto de ley que aborda múltiples desafíos e incluye la construcción de infraestructura para transportar agua por todo el estado.

Su propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas para “reparar sistemas de proceso y distribución de agua anticuados, ampliar recursos hídricos, controlar inundaciones y desarrollar nuevos suministros”.

A su vez, otro republicano, Cody Harris, impulsó otra propuesta con objetivos parecidos, que distribuiría hasta mil millones de dólares anuales al Fondo de Agua de Texas, una cuenta especial creada en 2023 para financiar proyectos hídricos.

México, a la espera de aranceles

No obstante, diversos expertos subrayan que ambas naciones fronterizas sufren los efectos de la sequía y el uso excesivo del agua.

Según Rosario Sánchez, investigadora del Instituto de Recursos Hídricos de Texas, aunque el acuerdo internacional establece cantidades específicas, las condiciones actuales de la cuenca hacen imposible satisfacer dichos requerimientos.

“Existe tanto la disposición como la capacidad para cumplir, pero el problema radica en que el tratado fija volúmenes invariables mientras la cuenca está comprometida más allá de sus límites”, afirmó la especialista.

Entre tanto, el gobierno mexicano aún no responde formalmente a la petición de los legisladores texanos.

La presidenta Sheinbaum indicó que aguardará hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos tiene previsto aplicar aranceles a productos metálicos mexicanos, antes de decidir sus acciones.

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“Esperaremos a ver si necesitamos implementar medidas recíprocas”, manifestó.

Con información de López Dóriga Digital