La Guardia Costera de Estados Unidos detecta y detiene cada año un gran número de embarcaciones que transportan droga por el Caribe en su papel como la policía mundial antidrogas en altamar.

Ahora, esa misión antinarcóticos podría lucir completamente diferente después de que Estados Unidos lanzó un ataque militar contra una embarcación frente a las costas de Venezuela. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump aseguraron la semana pasada que miembros del crimen organizado contrabandeaban drogas hacia Estados Unidos.

Washington ha indicado que podrían venir más ataques militares de este tipo, señalando que busca "declarar la guerra" contra los cárteles latinoamericanos a los que acusa de inundar a Estados Unidos con cocaína, fentanilo y otras drogas. Sin embargo, enfrenta crecientes preguntas sobre la legalidad de la operación militar y cualquier escalada de este tipo, lo que trastoca décadas de procedimientos para interceptar embarcaciones sospechosas de transporte de drogas.

“Esto realmente complica la enorme inversión que Estados Unidos ha estado haciendo durante décadas para construir una sólida infraestructura legal para arrestar y procesar a presuntos traficantes de drogas”, señaló Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad Estatal de Ohio que ha pasado años investigando la infraestructura legal de las intercepciones de narcóticos por parte de Estados Unidos en altamar.

"Autodefensa y una “amenaza inmediata"

Durante una visita a Latinoamérica la semana pasada, el Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los cárteles del narcotráfico "representan una amenaza inmediata para Estados Unidos" y que el presidente Trump "tiene derecho, bajo circunstancias exigentes, a eliminar amenazas inminentes para Estados Unidos".

Un funcionario federal también mencionó la autodefensa como una justificación legal para el ataque que, según el gobierno, cobró la vida de 11 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, la cual ha sido denominada como una organización terrorista extranjera. El funcionario habló bajo condición de anonimato para evitar represalias.

El gobierno federal utilizó un argumento similar hace algunos meses para justificar una intensa campaña de bombardeos contra los hutíes en Yemen. Sin embargo, tras bambalinas, la justificación para los ataques contra los cárteles parece mucho más compleja.

El New York Times informó el mes pasado que Trump firmó una orden que instruye al Pentágono a comenzar a usar fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos del narcotráfico. El reporte estaba relacionado con el ataque a la embarcación, según un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir detalles operativos.

Sin detalles del ataque

El vicepresidente JD Vance sufrió el ataque durante el fin de semana, dejando entrever que el uso de la fuerza es necesario para proteger a las familias estadounidenses del flagelo de las drogas.

"Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mejor uso de nuestro ejército", dijo Vance en X.

Varios demócratas, e incluso algunos republicanos, criticaron los comentarios de Vance. Líderes en el Congreso también han presionado para obtener más información sobre por qué se tomó una acción militar.

El Pentágono ha permanecido en silencio sobre cualquier detalle del ataque. Oficiales militares no han revelado qué institución lo llevó a cabo, qué tipo de armamento se utilizó o cómo fue que se determinaron que la embarcación era operada por el Tren de Aragua o que transportaba drogas.

El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo la semana pasada que "se han designado a organizaciones terroristas extranjeras, tenemos esas facultades, y se trata de mantener a salvo al pueblo estadounidense. No hay razón para que le dé al público o a los adversarios más información que esa".

Funcionarios del Pentágono no respondieron a preguntas directas sobre la justificación legal para el ataque y si el ejército se consideraba en guerra con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Hegseth viajó el lunes a Puerto Rico, donde se desplegaron tropas para un ejercicio de entrenamiento ya donde Estados Unidos envió 10 aviones de combate F-35 para operaciones contra los cárteles del narcotráfico.

“De ninguna manera hay una autoridad para esto”

Claire Finkelstein, profesora de derecho de seguridad nacional en la Universidad de Pensilvania, dijo que el término "ejecución extrajudicial" sería más adecuado para describir el ataque. Lo considera un resultado de la ambigüedad que ha ido surgiendo a lo largo de las últimas dos décadas entre la aplicación de la ley y el conflicto armado.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos comenzó a designar a miembros de organizaciones terroristas extranjeras, como Al Qaeda y los talibanes, como combatientes ilegales, haciendos vulnerables a ataques estadounidenses, incluso cuando no estaban directamente involucrados en una guerra.

Trump ha designado a varios cárteles latinoamericanos, incluido el Tren de Aragua de Venezuela, como organizaciones terroristas extranjeras. Pero eso no hace que un ataque contra presuntos integrantes del grupo sea legal, afirmó Finkelstein. El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza contra Venezuela ni hay resoluciones de la ONU que justifiquen las acciones de Estados Unidos.

“De ninguna manera el derecho internacional otorga una autoridad para esto”, subrayó. "No fue un acto de autodefensa. No fue en medio de una guerra. No había una amenaza inminente para Estados Unidos".

Días después del ataque, un par de aviones venezolanos armados volaron cerca de un buque de guerra estadounidense en el Caribe, y Trump advirtió el viernes que, a partir de ese momento se dispararía contra cualquier vuelo.

El ataque "bien podría considerarse un acto de guerra contra Venezuela y ellos podrían tener justificaciones para responder con el uso de la fuerza", señaló Finkelstein. “¿Se imaginan lo que sucedería si su armada estuviera a 12 millas (19 kilómetros) de la costa de Estados Unidos?”.

La guerra contra las drogas en altamar

Los registros e incautaciones en altamar fueron una característica durante la primera "guerra eterna" de Estados Unidos —la guerra contra las drogas que declaró el presidente Richard Nixon en 1971.

En 1986, en el apogeo del Cártel de Medellín de Pablo Escobar, el Congreso aprobó la Ley Marítima Antidrogas, la cual define el contrabando de drogas en aguas internacionales como un crimen contra Estados Unidos y le otorga a Estados Unidos poderes únicos de arresto.

Por lo general, las autoridades detuvieron y abordaron embarcaciones, arrestaron a la tripulación y confiscaron cualquier contrabando. Los esfuerzos son liderados por la Guardia Costera de Estados Unidos con el apoyo del Pentágono, el Departamento de Estado, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) y el FBI, así como aliados de Reino Unido, Francia, Holanda y varios países de América Latina.

Ahora, después de anunciar que operativos como ese “volverán a ocurrir”.

Con la advertencia de operaciones como el ataque "volverán a ocurrir", Rubio aseguró que Trump "quiere declarar la guerra a estos grupos porque han estado en guerra con nosotros durante 30 años y nadie ha respondido".

En los primeros nueve meses del año fiscal en curso se presentaron 127 procesos al amparo de la ley marítima antidrogas, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, el cual recopila datos del Departamento de Justicia, en comparación con 131 en 2024.

Como cada caso involucra a múltiples acusados, el número real de extranjeros detenidos en altamar probablemente sea mucho mayor.

La Guardia Costera anunció el mes pasado lo que calificó como la mayor incautación de drogas de la que tenga registro como resultado de múltiples intercepciones en un período de dos meses. Algunos de esos decomisos fueron realizados por un destacamento de la Guardia Costera a bordo de un buque naval holandés en el Caribe.

"Si bien nadie simpatiza con la situación de los traficantes de drogas, la razón por la que hacemos esto a través de un proceso judicial, en asociación con otras naciones, es para que podamos recopilar evidencia que nos permita construir casos más grandes e ir tras los jefes de los cárteles", dijo James Story, quien se especifica como embajador en Venezuela durante el primer mandato de Trump.

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Story, quien dirigió la oficina antinarcóticos del Departamento de Estado en Colombia y América Latina a principios de su carrera, dijo que 20 naciones tienen enlaces en una fuerza de tarea con base en la Estación Aérea Naval en Key West, Florida, donde se coordinan los abordajes en altamar.

"Cualquier cosa que pueda poner en peligro esas relaciones nos haría menos efectivos a largo plazo", subrayó.

Con información de Latinus