Zacatecas se consolidó como la entidad con la mayor disminución de violencia letal en México durante el periodo enero-noviembre de 2025, según el reporte Violencia y Pacificación Estado por Estado de México Evalúa. La variación anual negativa de 44.2 por ciento en los delitos letales coloca al estado en una posición destacada, con homicidios dolosos cayendo 70.4 por ciento y feminicidios disminuyendo 14.3 por ciento, mientras que otros delitos contra la vida bajaron 41 por ciento. A nivel estatal, esta reducción se refleja en una tasa de violencia letal de 57.9 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un descenso de 45 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, al comparar con años anteriores, se observa un aumento acumulado de 62 por ciento respecto a 2015, lo que evidencia que, a pesar de los avances recientes, la violencia sigue siendo un reto estructural. México Evalúa ubica a Zacatecas dentro de las zonas “contenidas” en su radar de violencia, es decir, con niveles relativamente bajos y sin señales inmediatas de repunte, aunque bajo vigilancia constante. La estrategia estatal se alinea con políticas federales enfocadas en el debilitamiento del crimen organizado mediante detenciones y decomisos de armas, droga y explosivos. Durante el periodo analizado, Zacatecas registró 991 víctimas de violencia letal, representando un pequeño porcentaje del total nacional y posicionándose en el lugar 22 en el país. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H A nivel nacional, la reducción de 5.4 por ciento en violencia letal no implica un cambio estructural. Ocho estados concentran la mitad de las víctimas, con Guanajuato y Baja California liderando en cifras absolutas. El informe alerta que la caída en homicidios podría ser temporal y no reflejar mejoras reales en seguridad, mientras que otros delitos, especialmente desapariciones y delitos contra la vida, presentan incrementos significativos desde 2015. Esto subraya la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales y capacidades institucionales para mantener la pacificación de manera sostenible.

Con información de La Jornada