La semana pasada, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa de ley que busca modificar el artículo 33 de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar, con el fin de darle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) mayor control sobre el denominado “Operativo Mochila” que busca detectar objetos prohibidos en las mochilas de estudiantes de centros educativos del estado. La propuesta plantea que la CEDH deberá emitir un protocolo homologado para todas las instituciones sobre cómo deberá efectuarse este proceso de revisión de mochilas, además deberá capacitar a los padres de familia, que serán quienes llevarán a cabo la revisión de las pertenencias de los alumnos, con la posibilidad de que la CEDH envíe a personal a verificar que se respeten los derechos humanos de los estudiantes. El presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, dijo que actualmente existe un manual, formulado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), que indica cómo se deben realizar estas revisiones, sin embargo, con esta iniciativa se busca crear un protocolo que se aplique en todas las instituciones, públicas y privadas, además de darle una certeza legal a dicho documento y que esté elaborado con perspectiva de género para no violentar los derechos de las niñas y jóvenes estudiantes. La iniciativa del diputado Rubén Guajardo señala que será la Mesa Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Familia, la que llevará a cabo estas revisiones y la que, en una asamblea plenaria, aprobará la realización de las mismas; lo cual difiere de la legislación actual, que señala que dichas revisiones deben ser aprobadas por el Comité de Prevención y Seguridad Escolar, que no solo está conformado por madres y padres de familia, sino también por el director del plantel, docentes y alumnos. Hasta la fecha, la CEDH solo ha registrado una queja en contra de estas revisiones de mochilas en las escuelas, específicamente en el municipio de Tamuín, donde una directora solicitó la participación de la Policía Municipal para la realización de esta actividad, lo cual es rechazado por defensores de los derechos humanos, dado que no se trata de criminalizar a los menores de edad, únicamente prevenir que ingresen objetos prohibidos a los planteles.