Entre noviembre de 2014 y septiembre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió 220 demandas de acciones de inconstitucionalidad y San Luis Potosí es el segundo congreso local con mayor número de ellas, con un total de 12, solo por detrás de Veracruz que tiene 13; por su parte, el Congreso federal tiene 17 acciones de inconstitucionalidad, según consta en el Informe Especial de Acciones de Inconstitucionalidad de la CNDH. La consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giselle Meza Martell, dijo que este alto número de acciones de inconstitucionalidad demuestra dos cosas: el interés que ha mostrado la CEDH por verificar que las leyes locales sean constitucionales y la falta de eficiencia de los asesores de los diputados, que no han advertido sobre la inconstitucionalidad de sus propuestas de ley. La consejera de la CEDH dijo que el Congreso del Estado cuenta con un cuerpo de asesores sindicalizados, que son asignados a cada comisión legislativa sin embargo, los diputados han optado por, adicionalmente contratar asesores externos por honorarios, que al parecer no han cumplido con el objetivo de dar una asesoría técnica a los diputados y no han hecho un análisis profundo para ver si sus propuestas de ley son constitucionales y no invaden competencias de otros niveles de gobierno. Meza Martell dijo que la responsabilidad de este tema no solo pasa por el Poder Legislativo, sino también por el Poder Ejecutivo, ya que este último tiene la facultad de darle una segunda revisada a las leyes que son aprobadas en el Congreso y si se detecta que es inconstitucional puede vetarla y no publicarla en el Periódico Oficial sin embargo, esto no ha pasado, por lo que habría que cuestionar a la Secretaría General de Gobierno el por qué no ha sido así. ¿QUÉ LEYES HAN SIDO INCONSTITUCIONALES? Las leyes de ingresos municipales han sido motivo de cuatro acciones de inconstitucionalidad, según consta en el informe de la CNDH. Meza Martell dijo que esto se ha debido, entre otras cosas, a que por ejemplo el año pasado, dos municipios estaban cobrando 70 pesos por copias simples para entregar información a peticionarios en materia de transparencia. El informe de la CNDH reporta también que las leyes de ingresos fijan multas por faltas administrativas que son desproporcionadas y que no atienden a la gravedad de la falta cometida; además observó que pretendían cobrar derechos para un permiso para realizar eventos privados o fiestas familiares o realizar un cobro por registro extemporáneo de nacimiento. Otra de las leyes que se declaró inconstitucional fue la Ley de Transporte Público del Estado, en la cual se determinaba que las concesiones de taxis se podían heredar a las viudas del operador fallecido, siempre y cuando ellas demostraran que estuvieron casadas con el concesionario, lo cual fue considerado discriminatorio, ya que se excluía a parejas en concubinato, matrimonios y parejas entre personas del mismo sexo y viudos de mujeres operadoras. Otras leyes que en su momento fueron declaradas inconstitucionales fueron la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Asistencia Social, el Código Penal del Estado, la Ley de Control de Confianza, la Ley de Cuotas y Tarifas para la Prestación de Servicios Públicos de la Dirección de Agua Potable de Ciudad Valles y la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia de Personas Desaparecidas. En un recuento del histórico de la CNDH, este informe señala que se han tramitado 259 acciones de inconstitucionalidad durante toda la historia, de las cuales 27 corresponden al Congreso de la Unión, 18 al de la Ciudad de México, 15 a Veracruz, 13 a Jalisco, 12 a San Luis Potosí, 11 al congreso de Aguascalientes y 11 al de Sinaloa.