A casi un año de haber sido aprobada en el Congreso del Estado, la reforma a la Ley de Salud del Estado, la cual establece como obligatorio el confinamiento de pacientes de covid-19 por parte de los Servicios de Salud del Estado, a las autoridades ejecutivas de San Luis Potosí “les ha templado la mano” al momento de aplicar la ley en este sentido, reprochó el diputado local, Cándido Ochoa Rojas, quien promovió la iniciativa para aplicar esta medida.  La iniciativa presentada por Ochoa Rojas, la cual fue aprobada por el Pleno del Poder Legislativo el pasado mes de abril, da a los servicios de salud la herramienta del confinamiento obligatorio, la cual será aplicable únicamente en situaciones de emergencia sanitaria como la que actualmente se registra por covid-19, asimismo, establece que la dependencia podrá apoyarse en elementos de la Secretaría de Seguridad para cumplir la medida. El legislador local señaló que ante la situación sanitaria que atraviesa el estado debido a esta enfermedad y pese a que esta reforma ya se encuentra vigente, hasta el momento no tiene conocimiento de casos donde se haya decretado este aislamiento obligatorio. “Les da miedo aplicar la ley”.   "La ley para que funcione tiene una característica coercitiva, si una ley no tiene una sanción es como hacerla sin dientes, esta ley ya tiene sanción, pero las autoridades ejecutivas simplemente les ha temblado la mano aplicarla porque el tema de la pandemia los tiene sorprendidos, pero aunque nos sorprenda, vemos como en otros países se ha logrado controlar esta problema a base de la aplicación coercitiva de la ley” dijo. Criticó que en la entidad potosina “uno se puede mover a la hora que le dé la gana por todo el estado y no pasa nada, nadie le impide; los filtros no están con personas capacitadas, sino policías de los municipios solo viendo a los que pasan y si acaso, tomándoles la temperatura, pero no hay más que hacer”. Ochoa Rojas, refirió también que han avalado reformas para brindar a las autoridades la facultad de dispersar aglomeraciones de personas en lugares públicos que no acaten medidas sanitarias, sin embargo, criticó que el esquema de trabajo de las autoridades de los tres niveles de gobierno “ha sido dejarle todo al ciudadano”. “Le dicen ´no se junten, no hagan esto´, pero sí lo hacen, no van y lo prohíben, salvo los bailes o reuniones en playas que es donde ha entrado la Guardia Nacional a dispersarlos, pero en actividades ordinarias yo no he sabido que se apliquen alguna de estas normas que ya están vigentes”. El congresista hizo el llamado a las autoridades a que hagan uso de las facultades que les concede la ley en este sentido y hagan uso de ella, pues, agregó, “es lo que quiere el resto de la población”.