Editorial EL UNIVERSAL / Migración: no a solución violenta

Uno de los temas que históricamente ha dividido a México y Estados Unidos es el migratorio. Con excepción del periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos países convinieron un acuerdo para que mexicanos laboraran en campos de cultivo estadounidenses —de 1942 a 1964—, la migración de trabajadores a la nación vecina ha sido rechazada siempre de manera oficial, pero aceptada de manera subrepticia por empleadores estadounidenses. Por esa falta de acuerdo para reconocer la necesidad de fuerza laboral en Estados Unidos, la migración mexicana se dio sin el mínimo de garantías. Quienes tomaban la decisión de emigrar, arriesgaban su vida al caminar durante horas por el desierto o al encontrarse con agentes de la Patrulla Fronteriza. Miles perdieron la vida en el intento. En estos días, las diferencias entre las dos naciones han subido de tono por el tema migratorio, aunque no por el éxodo de mexicanos, sino por los miles de centroamericanos que se encuentran en ciudades mexicanas que hacen frontera con EU y por otros tantos concentrados en estaciones migratorias ubicadas en Chiapas esperando continuar su travesía al norte del país. El presidente estadounidense Donald Trump asegura que México no hace nada por contener los flujos migratorios y advirtió que esta semana podría cerrar la frontera común si nuestro país no detenía “inmediatamente” toda la inmigración ilegal. México, por su parte, reconoció que en febrero más de 76 mil migrantes fueron detenidos en EU después de cruzar por territorio mexicano “y en marzo serán más de 100 mil, muchos de los cuales entraron al país en caravana”. Dos posturas enfrentadas: la de cero tolerancia del gobierno estadounidense y la de puertas abiertas —de manera regulada— del gobierno mexicano. La postura oficial de EU carece del apoyo de la mayoría política. Desde esa perspectiva, es correcto que el gobierno mexicano comience a establecer puentes con otros interlocutores clave en la política estadounidense. Integrantes del Congreso estadounidense se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y expresaron que lo ideal es que ambos países construyan puentes, piensen juntos y hagan lo que es mejor para la relación. La solución no puede darse de manera unilateral ni violenta. Además, no es un asunto de dos naciones, sino regional, cuyo origen precisamente se encuentra fuera de México y EU. En la discusión del fenómeno migratorio hay actores que están quedando fuera y tendrían que ser incluidos. El desarrollo centroamericano debería ser la prioridad.

OPINIÓN /Marihuana para los ricos, la prisión para los pobres

El Estado mexicano continúa en su quehacer cotidiano de detener y encarcelar a usuarios y jóvenes menudistas, y de erradicar cultivos ilícitos con pesticidas nocivos para la salud en las zonas más pobres del país. El mercado negro sigue floreciendo e incluso hay indicios de que parte del tráfico de productos de cannabis fluye ahora de la frontera norte al sur. Se producen legalmente en Estados Unidos para venderse ilegalmente en nuestros mercados. Mientras, los pacientes mexicanos, sus familiares, los empresarios, cultivadores y usuarios viven en una situación de incertidumbre jurídica y la desigualdad en la aplicación de la ley se hace cada vez más evidente. Recientemente, por dos asuntos distintos, el tema de la regulación de la marihuana vuelve a la agenda pública. Por una lado se anunció la cancelación de los lineamientos en materia de cannabis que había expedido la administración federal pasada. Por otro, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad del delito de posesión simple de marihuana. Nuestra ley establece que traer consigo una sustancia ilícita en cantidades superiores a las establecidas en la tabla de dosis máximas para consumo personal de la Ley General de Salud será sancionada hasta con tres años de prisión, aun cuando no exista la intención de comercializar o regalarla. En el caso de la marihuana esto significa que si una persona trae consigo más de 5 gramos, debe ser encarcelada hasta por 3 años. Se trata de dos asuntos que muestran el atraso que aún hay en la materia y la resistencia por avanzar hacia una política de drogas más racional y menos dañina. En 2017 se reformó la Ley para permitir la producción, comercialización e importación de productos de cannabis para fines medicinales. Sin embargo, las autoridades de salud no pusieron en marcha la reforma. Para octubre de 2018, a unos meses de concluir la administración de Peña Nieto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió unos lineamientos en materia de control de cannabis. Luego, sin hacer la necesarias modificaciones a otras normatividades y sin esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, otorgó licencias a un puñado de empresas. La suspensión de los lineamientos se da frente al desaseo que hubo en la publicación de los lineamientos y la entrega de licencias en condiciones de opacidad. Representa, desde mi punto de vista, una oportunidad para adecuar correctamente la reglamentación necesaria en materia de salud. Pero la imposibilidad de emitir una reglamentación a más de un año de la reforma, pone en evidencia las absurdas resistencias para movernos, aun mínimamente, de la política prohibicionista actual. El caso de la posesión simple de marihuana en la Suprema Corte de Justicia, muestra por otro lado, la disparidad que hoy existe tanto en la aplicación de las leyes de drogas y en el acceso al amparo judicial. Recordemos que recientemente la Corte estableció jurisprudencia en la materia al resolver favorablemente 5 amparos consecutivos de personas que buscaban permiso de la Cofepris para cultivar marihuana para autoconsumo. En esos casos, dijo que la prohibición absoluta de la marihuana es desproporcionada y la política prohibicionista más dañina para la salud que el uso de la sustancia. La Cofepris por tanto, debía dar los permisos solicitados para el uso personal pues la decisión de consumir marihuana es además parte del libre desarrollo de la personalidad. Resulta así que si una persona quiere usar marihuana en México —y no arriesgarse a ser encarcelada— debe antes pedir permiso a la Cofepris, esperar a que esta lo niegue, ampararse y esperar una sentencia favorable. No resulta difícil entender que solo quienes cuentan con recursos económicos suficientes para pagar un litigio pueden acceder a este caminito jurídico. Los más vulnerables, en cambio, seguirán sobrellevando el peso de la prohibición. Frentes Políticos 1.  El desaparecido. De Gilberto Herrera Ruiz, anunciado con bombo y platillo como coordinador estatal de Programas de Desarrollo en Querétaro, ni sus luces. El superdelegado no se ha percatado que la transformación del país ya comenzó y que debe ponerse a trabajar. El senador con licencia y exrector de la UAQ no logra aterrizar los programas sociales, como lo prometió el gobierno federal. Qué cuentas le entregará a sus superiores si siguen en duda las más de 500 observaciones por mal uso de los recursos públicos asignados a la universidad. En el estado sólo cuentan sus errores y ya catalogan su trabajo como malo. Alguien no funciona en la 4T y se apellida Herrera Ruiz. Más grilla que resultados. 2. Vámonos. Dos puntos de quiebre en el sector turístico están por ocurrir. Hoy martes, Miguel Torruco, secretario de Turismo, y Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, darán a conocer la descentralización de las oficinas de la Sectur, que se muda a Chetumal. Además, está por iniciar, el 7 de abril, el Tianguis Turístico 2019 en Acapulco, Guerrero. La edición recibirá a compradores de los grandes mercados como China, Corea, Emiratos Árabes, Japón y Rusia. Albergará a casi mil cien compradores de 44 países, 572 compañías y tendrá la participación de las 32 entidades de la República, así como 44 mil 130 citas de negocios. Tiene en sus manos la joya de la corona. Es el sector que siempre debe permanecer en desarrollo. “El turismo se convertirá en una herramienta de reconciliación social que beneficie a la población”, aseguró Torruco. Hágalo real. 3. Rehenes. Siguen sin tregua los bloqueos de la CNTE en la Cámara de Diputados. Y la presión, por desgracia, da resultados. Por eso persisten. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, anunció que pospondrán indefinidamente la votación de la reforma educativa hasta lograr un acuerdo con los profesores. Aseguró que no llevan “prisa” para aprobar la reforma con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca derogar el modelo educativo implementado por su antecesor, Enrique Peña Nieto, por lo que escucharán las “contrapropuestas” del magisterio. “No vamos a subir al Pleno para su discusión y votación de la reforma educativa hasta que no tengamos un acuerdo, hasta que no se agoten las mesas del diálogo”, dijo. Lo que se agota es la paciencia de los mexicanos. Pasan semanas y los maestros no vuelven al salón de clases. Ése es el punto. 4. Débiles. Diputados sin partido y del PT acusaron que el PAN pretenda desestabilizar los trabajos al interior de San Lázaro al pedir la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, calificó la postura albiazul de insolente y sostuvo que Muñoz Ledo ha estado haciendo de manera destacada su tarea al frente de la presidencia de la Mesa Directiva. Afirmó que en la Jucopo sólo Acción Nacional votó por incluir este tema en el pleno; “los demás, todas las fracciones rechazamos esto, porque nos parece injusto y que no ayuda a construir el clima de restablecimiento de las tareas de la Cámara de Diputados”. El PAN pretende culpar a Muñoz Ledo por las sesiones canceladas. No podrán con su capital político. Hay que enseñarles que los patos no les tiran a las escopetas. Lógica elemental. 5. RIP. Tras descubrirse una millonaria estafa al gobierno con un desfalco que supera los 8 mil millones de pesos, en Pemex, la Sedesol y Banobras, es tiempo de poner manos a la obra. Es inverosímil la manera de desfalcar de los funcionarios mexicanos. Tomaron información de la enciclopedia de internet Wikipedia para realizar presuntos “estudios comparativos” o “asesorías técnicas” que fueron pagadas con recursos federales. La ingenua trampa fue detectada por la SFP, que dirige Irma Eréndira Sandoval, y quien aseguró que este caso será un ejemplo para aplicar la “muerte administrativa”. Si la intención del nuevo gobierno es hacer una limpia de funcionarios corruptos, ¡ahora es cuando! Bitácora del director /Quemar carbón

Muchos expertos en energía se rascan la cabeza: ¿Por qué México quisiera renunciar a sus compromisos internacionales de reducir el peso de los combustibles fósiles en su huella energética, en aras de generar electricidad con carbón?  El miércoles de la semana pasada, la Comisión Federal de Electricidad abrió discretamente una convocatoria para licitar la compra de 330 mil toneladas de carbón. Se trata de una medida que podría poner a México en una ruta de incumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, según la cual nuestro país debería alcanzar un porcentaje mínimo de 35% de electricidad generada mediante fuentes de energía limpias para 2024. La lucha contra el cambio climático, mediante la acción gubernamental para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, fue uno de los temas de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador. Hace poco más de un año, el 22 de marzo de 2018, el entonces candidato presidencial se reunió con el vicepresidente estadunidense Al Gore para hablar de ello. “Muy bueno el encuentro con Al Gore”, tuiteó López Obrador, luego de la reunión. “Hicimos el compromiso de trabajar juntos para promover el desarrollo de energías renovables (solar, eólicas e hidráulicas) como opción ecológica y frente al cambio climático”. El hoy canciller Marcelo Ebrard, quien fungió como traductor, secundó el tuit del candidato con uno propio: “Extraordinaria reunión Al Gore y AMLO, me dio un gusto enorme conocer sus profundas coincidencias sobre acción climática y transición energética. Hubo diálogo sincero y gran capacidad de Andrés para encontrar puntos en común. Buenas noticias para México en el mundo”. Ya iniciado el gobierno de López Obrador, el jefe de la Unidad de Renovables de la Secretaría de Energía, Luis Abelardo González, dijo que México iría más allá de sus compromisos de la Agenda 2030 y alcanzaría, para finales del sexenio, 40% de la electricidad producida por fuentes limpias. “Me dio mucho gusto escuchar eso, me entusiasmé mucho”, comentó el doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en una entrevista que le realicé ayer para Imagen Radio. Por eso, me dijo, no entiende que el gobierno ahora recurra al carbón. México tiene todas las condiciones para desarrollar energía de fuentes renovables, que, además, se han abaratado en años recientes, agregó. “Estas compras de carbón no van a mitigar el cambio climático ni a generar desarrollo sostenible”, afirmó. “Van en sentido contrario”. Después de haber visto de primera mano cómo Europa avanza hacia el desuso de fuentes de energía fósiles en favor de las renovables, la decisión del gobierno mexicano me resulta aún más difícil de entender. México exporta miles de autos. La industria automotriz ha sido una palanca de desarrollo. Si no reconvertimos pronto la producción de vehículos con motores de combustión interna por eléctricos, no habrá quien los compre en un futuro cercano. Este gobierno parece empeñado en favorecer la combustión de carbón y de gas para generar electricidad. Sobre todo, carbón mexicano, que es de muy bajo poder calorífico. La pregunta es ¿por qué ha renunciado tan fácilmente a las fuentes de energía limpias? ¿Hay obstinación ideológica o interés económico?