Editorial EL UNIVERSAL / Las irregularidades del NAIM

Una de las razones que se argumentaron para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue que en la obra había intereses personales y de grupo que buscaban hacer negocios al amparo del poder público; además de que era parte del combate a la corrupción. Desde el gobierno federal no se fue más allá de las declaraciones. Aunque a nadie habría sorprendido el hallazgo de irregularidades en los contratos asignados en el sexenio anterior para la edificación de la terminal aérea, nunca se mostraron evidencias de los malos manejos ni se conoció de indagatorias sobre los recursos ejercidos. Ha sido a través de investigaciones periodísticas como se han ido conociendo anomalías en torno al proyecto. Este martes EL UNIVERSAL aporta más información al revelar que 45 empresas fantasma recibieron mil 778 millones de pesos para proveer bienes e insumos que se destinarían a la construcción de la barda perimetral y a la ejecución de obras pluviales. La dependencia responsable de asignar los contratos en esos casos fue la Secretaría de la Defensa Nacional. En una revisión a 284 contratos realizada por el área de Periodismo e Investigación de Datos de esta casa editorial, se encontró que 117 fueron asignados a 45 empresas con irregularidades como ser propietarias de prestanombres, pues sus supuestos dueños son veladores, albañiles, estilistas, policías o beneficiarios de programas gubernamentales. Como ejemplo, los socios fundadores de la constructora Osercy son tres personas de escasos recursos. En entrevista, uno de ellos deja entrever que hubo un manejo ilegal de sus datos personales. Refiere que a cambio de ser inscrito en un programa social de la entonces Sagarpa, firmó unos documentos y entregó una copia de su credencial de elector. Es la segunda ocasión que se mencionan presuntos desvíos en las obras del NAIM. En enero de 2019 EL UNIVERSAL dio a conocer un informe de la Policía Federal que señalaba opacidad e irregularidades en los contratos adjudicados directamente a la Sedena para la construcción de la barda perimetral, nivelación de piso y la pista seis. Son muchos datos que deberían comenzar a ser tomados en cuenta por el gobierno actual para realizar una investigación a profundidad. Fueron muchos miles de millones de pesos del erario que merecen una explicación sobre su destino. Para el nuevo aeropuerto que se construye en la base militar de Santa Lucía, el NAIM tendría que ser ejemplo de lo que busca erradicarse: opacidad, irregularidades y derroche. Lo que caracterizó al sexenio anterior tiene que revertirse en la administración lopezobradorista. Es lo menos que se espera. OPINIÓN / En México, el coronavirus se encontrará un sistema de salud debilitado México sabe qué hacer frente a una amenaza como la que supone la inminente llegada del Covid-19 porque el brote de influenza por el virus A(H1N1) de 2009 dejó enseñanzas importantes que el personal de salud del Estado tiene bien aprendidas. El problema es que las decisiones políticas del último año han debilitado la capacidad de respuesta de ese aparato, en términos de financiamiento y de disponibilidad de instrumentos. Los protocolos de acción resultantes de la aplicación al pie de la letra del manual de la Organización Mundial de la Salud durante la emergencia de hace once años están en pie y listos para ejecutarse, y hay en existencia medicamentos para tratar los casos de contagio. Pero la infraestructura médica no está en su nivel óptimo debido a los recortes presupuestales y la instauración precipitada del nuevo sistema con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lo que hace prever un escenario en el que pese a que se sabe cómo responder no se podrán concretar las acciones necesarias. Los tiempos de espera para la atención de pacientes son más largos hoy que hace un año y medio, y si bien se cuenta con personal suficiente de médicos y enfermeros, tienen menos presupuesto dsiponible. Los pilares de la atención en salud pública son cobertura, calidad y financiamento. Al debilitarse este último, se ven afectados los dos primeros. El coronavirus del brote actual tiene un índice de letalidad menor que el coronavirus del SARS surgido en 2003 pero mayor que el del virus A(H1N1). Es decir, del número de personas infectadas, son más los casos que desembocan en la muerte, y su capacidad de diseminación es igual de elevada que la de la influenza que afectó a México. El personal especializado en respuesta a una emergencia epidemiológica existe y está capacitado. Buena parte estaba ya en el sistema de salud en 2009. Pero, por ejemplo, la capacidad instalada de unidades de terapia intensiva que se requerirán para los casos graves podría resultar insuficiente, así como la disponibilidad de instrumental para proporcionar a esos enfermos asistencia respiratoria permanente. Y el presupuesto necesario para atender ese flanco tampoco está garantizado. El otro aspecto central para enfrentar una amenaza como la del Covid-19 es la decisión política. En Estados Unidos ayer mismo vimos cómo fue corregida la actitud inicial del presidente Trump de minimizar el riesgo y aparentar que con su sólo liderazgo personal y con ayuda del clima nada pasaría. Ante la opinión de los expertos sobre la seriedad del riesgo, Trump elevó a rango del vicepresidente Mike Pence la coordinación general de la estructura responsable de asegurar una respuesta adecuada, oportuna y suficiente. No es que la infraestructura de salud estadounidense cambie con ese nombramiento, pero la manera en que fluyen los recursos y se toman decisiones de carácter nacional sin duda agiliza la aplicación de las medidas concretas. En 2009 hubo la decisión política de aplicar los protocolos para responder al peor escenario posible. La coordinación federal con los sistemas estatales y del entonces Distrito Federal y la voluntad de tomar medidas drásticas como suspender clases en todo el país y cancelar eventos masivos ayudó a evitar una propagación mayor del virus. Pero también produjo una afectación económica del tamaño de un punto del PIB nacional. Hoy, el gobierno de López Obrador tiene que decidir cómo enfrentará el arribo del Covid-19 desde el sistema de salud y desde el más alto nivel político, que es la Presidencia de la República. No está claro aún cuál será el camino a seguir pero tendrá que haber una definición pronto. El virus ya llegó a Estados Unidos. No hay duda de que llegará a México. No se trata de arrastrar al pánico a la población sino de ofrecerle un plan de acción y de información que le dé confianza y le permita saber qué hacer desde la casa, la escuela y el trabajo y cómo proceder en caso de presentar los síntomas de la infección y a dónde acudir para recibir atención médica. En este brote epidemiológico no hay cabida para acusar a un virus de ser de derecha, conservador o golpista y no hay margen para buscar culpables si las cosas no se hacen como se debe. El gobierno tiene que coordinar la respuesta médica y social adecuada con el aparato de salud del Estado y brindarle al esfuerzo el liderazgo político que requiere.  

Frentes Políticos 1. Nuevo rumbo. Golpe de timón, madruguete, agandalle. Como quiera llamársele, se consumó uno de los movimientos más sui generis, la remoción de Yeidckol Polevnsky, la secretaria general con características de presidenta de Morena, para dar paso a un nuevo liderazgo, el de Alfonso Ramírez Cuéllar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo confirmó como presidente del partido. Los magistrados consideraron que tanto la convocatoria como el método de votación fueron realizados conforme a los estatutos del partido. Ramírez Cuéllar aseguró que viene una etapa de cambio. Se acabaron los pleitos, declaró. Ajá. Polevnsky alista un foro para exponer y analizar la ilegalidad de la reunión del pasado 26 de enero, donde se le eligió como presidente interino del partido. Mal comienza si cree que se acabó la guerra cuando apenas inicia. 2. Rueda de la fortuna. A veces toca estar abajo. De acuerdo con la página oficial de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, consta en documentos consultados por el organismo que “en el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los fondos transferidos por Odebrecht se detectaron pagos al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec”, precisa la investigación. Y añade que “el exsecretario de Gobernación está en la mira de las autoridades; el dueño de las casas que habitaba fue beneficiado con obra asignada con sobornos a Odebrecht. También rastrean contratos que dio Nuvia Mayorga, actual compañera de Osorio en el Senado”. 3. De reversa. El Comité Técnico Evaluador del INE que elegirá a los nuevos consejeros electorales debe estar integrado por siete personas: tres nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos por la CNDH y dos más por el Inai. La CNDH había propuesto a John Ackerman y a Carla Humphrey, después lo rechazó y aseguró que aún no había hecho ningún nombramiento, aunque los diputados difundieron el oficio de las propuestas firmadas por la misma Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión. Horas después, la CNDH, ahora sí, informó que sus prospectos eran Ackerman y la periodista Sara Lovera. Por su parte, la Jucopo eligió a Diego Valadés, Silvia Giorguli y Blanca Heredia, mientras que el Inai a Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa. Lo que más ruido generó fue la designación de Ackerman, esposo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y el evidente conflicto de interés. Esa papa se les quemó en las manos. 4. No vale nada la vida. Se cree las canciones el gobernador Diego Sinhué Rodríguez. Guanajuato mantiene el primer lugar en incidencia de homicidios dolosos en lo que va del presente año. Con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, la entidad registró 308 homicidios, de los cuales 256 se perpetraron utilizando armas de fuego. Es de tal grado la podredumbre permitida, que ni las acciones de la Policía Estatal y su coordinación con la Guardia Nacional, Ejército y Marina, han podido frenar la tendencia. Celaya, Salamanca, Irapuato y León siguen siendo los más violentos. Los homicidios en lo que va del año representan un incremento del 37 por ciento respecto al mismo periodo 2019. ¿Alguna solución de usted o de su equipo, señor gobernador? 5. Abrazos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que está en contra de establecer en México la pena de muerte para quienes cometan delitos graves. “Yo no creo en la pena de muerte y no creo que esa sea una opción. Creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, expuso. Durante su campaña presidencial, López Obrador se refirió a su negativa a establecer la pena de muerte. La propuesta fue presentada por la fracción del Partido Verde y cinco diputados de Morena en la Cámara de Diputados. Al ser cuestionado, el Presidente insistió en que la política de su gobierno es buscar la pacificación y apelar a la humanidad que todos tenemos. No a la violencia de Estado.