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Además desde la dirigencia se informó que los alcaldes que buscan la reelección ya han solicitado licencia
16:02 miércoles 11 abril, 2018
San LuisEn el caso particular de la diputada local Martha Orta Rodríguez, quien se encuentra en funciones y también como candidata para el V Distrito Federal, ha sostenido que mantener ambos nombramientos es se debe a un consenso con la dirigencia estatal del PRI. “Tu servidora no maneja recurso público, el Congreso incluso tiene candados para el manejo de los recursos. Tampoco tengo en resguardo el vehículo y seré muy cuidadosa del recurso que no estoy utilizando y que incluso está en resguardo del propio Congreso”. A pregunta expresa si su permanencia en la curul fue una instrucción de la dirigencia, la diputada respondió “no fue una instrucción, sino un consenso donde al final del día hay una condición particular y la constitución lo permite”. Orta Rodríguez insistió que hay un marco jurídico que respalda esta condición, aunque recordó que anteriormente se había retirado de su cargo para conseguir la candidatura fue suplida por la ex directora del DIF estatal Cecilia González Gordoa, sin embargo al ser postulada para candadita a la alcaldía de la Capital, regresó a la curul, pero tampoco pudo volver a irse para realizar campaña debido a que el segundo en la lista es Joel Ramírez, secretario de Educación del Gobierno del Estado, y tampoco manifiesta disposición para asumir el cargo. Esta condición de solicitud de licencia al cargo sí está prevista internamente para los alcaldes, aunque reconoció el presidente del Comité Estatal del PRI Martín Juárez Córdova, que es una decisión meramente personal. Los alcaldes emanados del PRI que actualmente buscan la reelección, ninguno se encuentra en funciones, toda vez que desde la dirigencia se impulsó para que se separan de su cargo mientras están en campaña. Sin embargo, puntualizó “no puedes pedirle a nadie que no haga uso de sus derechos pero sí de vigilar que al momento de hacer uso de sus derechos se tenga claridad y certeza a pesar que se tengan marcos legales que permitan estar en la función sobre todo a quienes están en esta posibilidad de manejar recursos como son los ayuntamientos donde son ejecutores y con ello dar certeza a la ciudadanía ya tender estos reclamos”.