Puerto Vallarta continúa siendo reconocida a nivel internacional como un foco rojo en trata de personas con fines de explotación sexual, particularmente en agravio de niñas, niños y adolescentes. Así lo advirtió en entrevista para “Así las Cosas” la abogada y defensora de derechos humanos Sandra Quiñones, quien alertó sobre el aumento sostenido de delitos sexuales en la región y la falta de acción por parte de las autoridades. De acuerdo con datos obtenidos por transparencia, el delito de abuso sexual infantil en Puerto Vallarta ha aumentado alrededor de un 18% anual desde 2018, lo que demuestra, según la especialista, la ineficiencia de las políticas de prevención y la falta de estrategias públicas claras. “Seguimos siendo un destino para redes que producen pornografía infantil y explotan sexualmente a menores. Y estas redes no podrían operar sin el cobijo de autoridades municipales, estatales y federales. Esa es la realidad”, señaló Sandra Quiñones. Los recientes casos de explotación infantil en la región han revelado la existencia de redes organizadas que, según Quiñones, cuentan con protección institucional y complicidad empresarial. “No es posible que se graben contenidos de pornografía infantil sin que nadie sepa. ¿Dónde lo hacían? ¿En hoteles, en casas? ¿Quiénes lo permitieron? Nadie responde a eso. Hay una omisión sistemática por parte del Estado”, enfatizó. La defensora también alertó sobre la falta de medidas preventivas de cara al Mundial de fútbol de 2026, en el cual Guadalajara será sede. Advirtió que este tipo de eventos masivos suelen aumentar la demanda de servicios ilegales relacionados con la trata, y Puerto Vallarta, como destino turístico cercano, podría ser utilizado nuevamente por redes criminales. Además del incremento en denuncias, Quiñones subrayó que la mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil quedan sin atención adecuada tras presentar una denuncia, y muchas ni siquiera logran denunciar por miedo, desconocimiento o por vínculos con el agresor, quien en la mayoría de los casos pertenece al entorno familiar cercano. “Es un delito que ocurre en casa: padres, tíos, abuelos, hermanos. La víctima vive con miedo, muchas veces sin saber que está siendo agredida. Y el Estado no tiene ni rutas claras de denuncia ni mecanismos efectivos de atención”, indicó. La defensora fue enfática al señalar que no solo el Estado es responsable, sino también la sociedad en su conjunto. Denunció que muchos padres de familia se niegan a que en las escuelas se imparta educación sexual científica, mientras que en casa tampoco se abordan estos temas, lo cual deja a niños y adolescentes en completa vulnerabilidad. “Nos da pena hablar de sexualidad, no sabemos cómo explicarla, y mientras tanto, los agresores siguen actuando con total impunidad. Es hora de romper los silencios y los prejuicios”, concluyó.