Hace no tanto, defender al INE parecía una causa urgente. El intento de hacer una reforma que sometiera al árbitro electoral generaba movilizaciones, protestas, consignas, indignación colectiva. El agravio era reconocible: el poder quería capturar a la institución encargada de organizar las elecciones. Frente a una amenaza directa, la respuesta también fue directa.

Vaya contraste con lo que pasó la semana pasada. La Cámara de Diputados aprobó tres nuevas consejerías del INE entre críticas opositoras por la opacidad del proceso y la cercanía de los perfiles seleccionados con el oficialismo. Hubo algunos reclamos, notas y declaraciones; nada ni remotamente parecido al furor social de hace un par de años. Lo que ayer encendía plazas hoy se cumplió como un simple trámite.

La pregunta inmediata es dónde quedaron aquellas multitudes. Por ser la primera y la más obvia, sin embargo, quizá no sea la pregunta adecuada. Porque el cambio decisivo no está tanto en el vaciamiento de la calle como en la mutación de la amenaza. El oficialismo aprendió que atacar al INE abiertamente producía una resistencia visible y masiva. Lo que hizo ahora es menos espectacular pero más eficaz: no intentó “destazar” al árbitro —ese fue el verbo que usó entonces Adán Augusto Hernández—, intensificó su domesticación sin hacer aspavientos. En lugar de una agresiva reforma constitucional, el bostezo de una renovación parcial.

Así, la captura avanza no mediante una estridente ruptura sino envuelta en el ropaje de lo ordinario. Desdramatizada en el hábito de la convocatoria, los expedientes, las comparecencias, la votación y la toma de protesta. Todo dentro de la gramática de la burocracia parlamentaria. Y precisamente por eso cuesta más trabajo activar las alarmas: la forma legal amortigua el fondo político.

El problema, de hecho, ya ni siquiera es tanto quiénes llegan al Consejo General del INE, es bajo qué criterio político fueron seleccionados. Si la afinidad con el oficialismo pesa más que la capacidad técnica o la autonomía frente al poder, los perfiles individuales se vuelven secundarios. ¿Qué tipo de institución queda cuando esos nombramientos son producto de una demostración de fuerza unilateral y no fruto de una negociación plural? Una que perdura pero ya no arbitra. La democracia no depende nada más de que sus instituciones electorales se mantengan de pie; depende de que generen confianza suficiente para canalizar con solvencia la disputa política. Si el INE opera como un apéndice funcional de la coalición gobernante, la institución sobrevive a costa de su propia autoridad.

La pregunta, en suma, no es dónde quedaron las marchas en defensa del INE: es cómo se defiende una institución cuando la embestida en su contra aprende a camuflarse de normalidad. El sometimiento más eficaz no es el que derriba al árbitro ni cancela el partido, sino el que lo deja en la cancha, con silbato, uniforme y tarjetas, mientras lo vuelve cada vez menos capaz de marcarle faltas al equipo que manda.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG