Las inspecciones de Protección Civil Municipal comenzaron esta semana en Soledad de Graciano Sánchez con un objetivo aparentemente claro: emitir dictámenes de seguridad y avanzar en el refrendo 2026 de establecimientos comerciales. En papel, se trata de una acción preventiva necesaria en un municipio con crecimiento urbano acelerado y una alta densidad de negocios en zonas mixtas. En la práctica, el arranque ha sido silencioso, poco explicado y, para muchos comerciantes, desconcertante. Locatarios de distintos giros coincidieron en señalar al equipo de Ahi te encargo que nadie les ha informado con precisión cuáles son los requisitos exigibles, cuáles son los costos oficiales ni qué plazos reales tienen para cumplir. No existe —al menos de forma pública y accesible— un tarifario actualizado, formatos estandarizados ni un calendario claro de visitas. En un entorno donde la inspección implica tiempo, inversión y posibles sanciones, la falta de lineamientos no es un detalle menor, es un problema de certeza jurídica. Desde una mirada urbana, esto no es nuevo. Cada inicio de año administrativo suele traer operativos similares, pero lo que preocupa es lo que no se dice abiertamente: ¿bajo qué criterios se evalúa?, ¿qué margen de discrecionalidad tiene el inspector?, ¿a dónde puede acudir un comerciante si detecta irregularidades? Cuando la información no está publicada, el terreno se vuelve fértil para interpretaciones, intermediarios innecesarios y tensiones evitables entre autoridad y ciudadanía. La seguridad estructural y operativa de los negocios es un tema serio que nadie discute. Lo que hoy se pone sobre la mesa es la urgencia de transparentar tarifas, protocolos y mecanismos formales de queja. Porque cuando la prevención se comunica mal, deja de percibirse como protección colectiva y comienza a sentirse como una carga desigual, donde algunos cumplen a ciegas y otros simplemente se benefician del silencio administrativo.