El jefe del Departamento de Policía de Uvalde, Daniel Rodríguez, anunció su renuncia en medio de una polémica por los resultados de un reciente informe que absuelve de responsabilidad a los agentes que respondieron al tiroteo de 2022 en Texas, que indignó a los familiares de las 21 víctimas. El día del tiroteo, en el que murieron 19 niños y dos maestras, Rodríguez estaba de vacaciones y había dejado encargado al teniente Mariano Pargas, quien renunció seis meses después de la masacre. En su carta de renuncia, que se hará efectiva el próximo 6 de abril, Rodríguez no mencionó la tragedia de la escuela primaria Robb, ni el escrutinio que su departamento ha enfrentado desde la matanza, ocurrida el 24 de mayo de 2022. El informe, realizado por el expolicía Jesse Prado, aseguró que los policías no cometieron ningún delito ni violaron ninguna política en su respuesta a la masacre. El investigador atribuyó las fallas en la respuesta de la Policía a problemas de comunicación y a la actitud de los padres fuera de la escuela, de difícil control, lo que levantó ampollas entre los familiares de las víctimas que catalogaron las conclusiones como “una broma irrespetuosa”. Prado, un policía retirado de Austin (Texas), fue contratado por la ciudad de Uvalde para realizar el informe por un costo de 100 mil dólares y que debería entregarse a finales de octubre de 2022. Pero el experto tardó 19 meses en entregar los resultados, que no han sido revelados al público en general. Las conclusiones de Prado contradicen una serie de informes que encontraron numerosas fallas en la respuesta de las autoridades, que tardaron 77 minutos en enfrentarse al agresor, Salvador Ramos, de 18 años. que finalmente resultó muerto. En enero pasado, el Departamento de Justicia catalogó como un “fracaso” la respuesta de la Policía local al considerar erróneamente la situación como si se tratara de un sospechoso atrincherado, incluso cuando los niños y maestros pidieron ayuda por teléfono a la Policía. El informe de las autoridades federales hace eco de las conclusiones de la investigación de la Cámara de Representantes de Texas, que en 2022 encontró “fallas sistémicas” entre las agencias policiales y los protocolos de seguridad escolar para detener a Ramos. A los agentes les tomó más de una hora irrumpir en el salón de clases donde se encontraba el agresor y matarlo. Al menos 376 agentes de diferentes agencias de ley respondieron a la escena, entre ellos unos 100 del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Con información de López Dóriga Digital / EFE