Washington.- Las exigencias de la presidenta Claudia Sheinbaum al Departamento de Justicia de Estados Unidos de que le proporcionen más información que evidencie el involucramiento con el narcotráfico del ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, difícilmente tendrá respuesta. El gobierno de Donald Trump no puede darle lo que pide.

Los fiscales federales involucrados en el expediente judicial que junto al senador federal ahora ex Morena, Enrique Inzunza Cázarez, Rocha Moya y otras ocho personas son acusadas de nexos con una de las fracciones del Cártel de Sinaloa, están impedidos por ley para darle a Sheinbaum más información de la que poseen sobre el caso.

Políticamente a personajes maliciosos y con doble agenda como Terry Cole, el administrador de la Agencia Federal Antidrogas (DEA), le conviene mantener en una nube de intriga al gobierno federal de México para obtener lo que pretende en términos de los intereses injerencistas del presidente Trump y de la dependencia que dirige.

Rocha Moya e Inzunza Cázarez, entre otros, son carnada y herramienta con las que Cole pretende vengarse de Andrés Manuel López Obrador por sacar las narices de los agentes de la DEA de investigaciones mexicanas, por haberlos mantenido en el limbo retrasando el visado para algunos y por haber echado por la borda el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda negociando con Trump en su primera presidencia, la repatriación del ex secretario de la Sedena en el sexenio de Peña Nieto. AMLO amenazó al Departamento de Justicia con expulsar del país a los 70 agentes antinarcóticos de Estados Unidos si no devolvían al general.

La vendetta de la DEA es un punto y aparte que, si la presidenta Sheinbaum quiere contener, lo puede hacer fácilmente. El problema son los fiscales federales detrás del encausamiento judicial en contra de Rocha Moya, de Inzunza Cázerez y de los otros ocho, aunque algunos de estos ya se hayan entregado voluntariamente a los estadunidenses.

Ningún fiscal federal puede violar la ley de su país por encima de los intereses políticos de un gobierno extranjero. Proporcionar más información a Sheinbaum de la que les permite la ley para solicitar el arresto con fines de extradición de Rocha Moya, Inzunza Cázerez y los otros es un delito grave y se llama Obstrucción de Justicia.

Esas evidencias que pide la presidenta mexicana son información clasificada y sellada que solamente los fiscales pueden exponer con la autorización de un juez federal en un juicio, siempre y cuando los acusados ya se encuentren bajo la custodia de Estados Unidos.

Técnicamente lo que demanda Sheinbaum es que le digan qué más tienen que implica a Rocha Moya, Inzunza Cázarez y a los otros con Los Chapitos, cómo obtuvieron esos datos, quién o quiénes se los dieron, cuántos más pueden ser implicados y qué otros políticos de Morena y de los demás partidos políticos saldrían raspados. Y, la cereza del pastel: si López Obrador con este caso puede salir embarrado o si ya lo está.

Todo lo anterior lo sabe y conoce perfectamente la presidenta Sheinbaum, en la FGR y en la Cancillería se lo deben haber explicado con lujo de detalle.

Pedir no es delito, que le entreguen lo que exige sí lo es para los fiscales estadunidenses. Todo parece indicar que Sheinbaum emula a Cole lanzando el anzuelo en medio de un lago sin peces gordos esperando por lo menos pescar algunos charalitos.

POR: J. JESÚS ESQUIVEL

@JJESUSESQUIVEL