El crimen en México ha alcanzado un nivel máximo en 20 años. Medios de comunicación muestran videos de mutilaciones con sierras eléctricas y fotografías de cadáveres colgados de puentes, el crimen organizado está enviando el mensaje de que es más poderoso que el Gobierno, según un análisis del diario The Washington Post publicado este viernes. Investigaciones recientes sugieren que en lugar de trabajar juntos para detener la violencia, los partidos políticos altamente polarizados en México y las instituciones políticas débiles pueden estar exacerbándola para obtener ganancias políticas, señala el medio. Aunque controla la Presidencia, el PRI carece de una mayoría en el Congreso y comparte el poder con otros nueve partidos. De acuerdo con el rotativo, el partido tricolor se enmarca como centrista, poniéndose en medio de una amplia variación ideológica entre sus ocho contrapartes y sus respectivas propuestas políticas. Los científicos políticos Guillermo Trejo y Sandra Ley, citados por el medio, han argumentado que las brechas ideológicas entre izquierda y derecha no sólo están causando estancamiento, sino también están contribuyendo al crecimiento de la violencia. Trejo y Ley recopilaron datos sobre asesinatos atribuidos a cárteles de drogas en diferentes regiones de México entre 1995 y 2006. Encontraron que la tasa de asesinatos relacionados con cárteles era mayor en las regiones donde el partido del Gobierno local o regional era diferente de la parte que controlaba el nacional. En términos simples, dice el medio, Trejo y Ley encontraron que la debilidad y polarización de los partidos políticos de México facilita la violencia. Esto se debe a que los partidos apuntan a niveles crecientes de violencia para avergonzar a sus enemigos en el poder por no poder reducirlo. Las propias partes no causan directamente la violencia, indicia el Post, pero el hecho de que estén tan polarizados, peleando incesantemente por el poder en lugar de cooperar para el bien público, les da a los partidos un incentivo para que no frenen la violencia, para que puedan usarla para desacreditar a los opositores. Los políticos locales o regionales pueden negarse a implementar leyes, reforzar la seguridad o procesar a los criminales, poniendo en duda la capacidad del Gobierno nacional para proteger a los ciudadanos. De esta manera las partes opuestas pueden prometer que harán un mejor trabajo, indica el diario. El sistema electoral mexicano está marcado por una historia de corrupción y de instituciones débiles que se remontan al período colonial, cuando los gobernadores españoles rebeldes trataron de socavar el poder legal de la corte española sobre ellos.  Para el WP, hay una historia de manipulación electoral para la Presidencia de México por parte de el PRI y el PAN que ha llevado a muchos mexicanos a creer que todo el sistema es corrupto, puesto que, dice, las elecciones han estado plagadas de compra de votos y fraude, lo que significa que ningún Gobierno tiene la legitimidad para evitar el patrocinio en los gobiernos estatales y locales. De acuerdo con el medio, también existe un número de políticos dentro de los gobiernos estatales y locales son pagados por los cárteles de la droga y trabajan por sus intereses, pues, cuando hay una seria competencia política, los cárteles pueden apoyar a su partido preferido atacando violentamente a la oposición. El politólogo Andrés Villarreal ha demostrado que hay más violencia en los municipios con mayor competencia política, ya que los partidos dominantes han elaborado acuerdos para proteger o ignorar los negocios ilícitos, y los partidos rivales y los candidatos amenazan ese arreglo. El medio señala que los ciudadanos saben que los políticos y los cárteles intercambian favores y desconfían del sistema electoral. Como resultado, muchos simplemente no votan. No sólo la debilidad del sistema electoral permite la violencia, sino que también refuerza y profundiza su debilidad, en un círculo vicioso. En un sistema político que funcione bien, cuando los partidos políticos son disfuncionales, otras instituciones representan los intereses de los ciudadanos. Lamentablemente, indica el Post, México todavía carece del tipo de grupos de la sociedad civil independientes y vigorosos que podrían controlar su violencia. Sin embargo, para el medio estadounidense, aún hay esperanza en los cientos de colectivos -grupos estudiantiles, organizaciones religiosas, coaliciones contra la violencia, medios de comunicación alternativos, grupos feministas, sindicatos obreros y campesinos y organizaciones de liberación indígena- para construir una sociedad civil más fuerte en México desde el principio. Pero por ahora, estos son principalmente locales y no tienen una presencia nacional. Desde una perspectiva de costo-beneficio, indica el rotativo, esta estrecha representación puede promover la violencia criminal. Cuando los ciudadanos se sienten excluidos y no representados, recurren a aquellos que realmente pueden mejorar sus vidas. Los cárteles de la droga tienen el efectivo rápido para responder la necesidad de las masas. De hecho, muchas comunidades ven a los señores de la droga como Robin Hoods modernos que justifican su violencia como protección, señala el medio; algunas personas optan por trabajar para los cárteles de la droga porque están desencantados con el sistema político. Además, tienen más confianza en narcos que pretenden arreglar sus caminos y remodelar sus iglesias que en los políticos que descuidan los servicios públicos. -- Reforma