MUCHO SE HA hablado del asunto Grupo Herdez contra Irene León Escamilla. Durante meses se intentó construir alrededor del caso una historia conveniente: la de David contra Goliat: la de una mujer enfrentándose a una gran empresa, la de Héctor Hernández Pons. La de la perspectiva de género como explicación universal y, después, la de una supuesta prescripción que pretendía sepultar cualquier discusión sobre el fondo.

Pero hoy esa narrativa enfrenta un problema mucho más serio: las resoluciones de autoridades federales y las constancias del expediente. Porque cuando se retira el ruido de las redes sociales y se analiza qué fue lo que realmente ocurrió, la historia resulta mucho más sencilla.

En redes sociales ha aparecido reiteradamente quien se ostenta como “Auri León Escamilla”, aparentemente identificándose como hermana de Irene.

Se sabe que Irene León Escamilla tiene una hermana llamada Aurora; sin embargo, resulta, por lo menos llamativo, que diversas cuentas relacionadas con esa defensa pública parezcan operar bajo dinámicas propias de agencias o estrategias de comunicación digital.

Y todavía existe una pregunta más importante: ¿quién está financiando esa narrativa?

Dentro del conflicto también ha aparecido reiteradamente el nombre de Humberto Cavazos Chena, señalado por la contraparte dentro de esta trama y respecto de quien existen líneas de investigación y señalamientos que tendrán que ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

Lo cierto es que el avance del asunto parece haber dejado atrás dos de los principales argumentos utilizados públicamente por la defensa: la perspectiva de género y la prescripción.

Diversas determinaciones de autoridades federales han permitido que las investigaciones continúen y que el fondo del asunto sea examinado.

Y el fondo es, precisamente, aquello de lo que casi nadie quiere hablar.

EN LA ELABORACIÓN del Paquete Económico que el secretario de Hacienda fue a entregar ayer a la Cámara de Diputados, sorprendió que en la nueva parte recaudatoria, la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya no sólo se buscan gravar las utilidades, sino también los ingresos brutos de los grandes conglomerados y las empresas medianas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum irá tras empresas triple AAA, como Bimbo de Daniel Servitje, Femsa de José Antonio Fernández Lagüera, Carso de Carlos Slim, Cemex que capitanea Rogelio Zambrano y demás de ese calibre.

La propuesta, que activará a los cabilderos de esas compañías en lo que pudiera ser un gran debate en los próximos días, fue elaborada y trabajada ni más ni menos que por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y el equipo de Antonio Martínez Dagnino en el SAT. Esta facción ligada al ala dura de la 4T, aprovechó la profunda división que existe entre los funcionarios hacendarios. El titular Édgar Amador no tiene comunicación con la subsecretaria del ramo, María del Carmen Bonilla.

Parece estar ajeno al plan financiero gubernamental para 2027. Pero el gran dato que parecería broma, aunque no lo es, es que el diagnóstico para cobrar impuesto sobre ingresos brutos y acotar la deducibilidad lo hizo la Universidad Autónoma de Chapingo. Eso dice textualmente la exposición de motivos de la ley del ISR. Chapingo es famosa por generar estudios de agronomía, pero nadie sabía que hacía estudios de política económica y recaudación hacendaria. De cómo se discuta y salga el Paquete dependerá el futuro de la actual alineación de la segunda Secretaría más importante del gabinete. Toda esta ley será muy polémica y generará un ánimo poco favorable para la inversión en México. Pero es claro que el gobierno busca nuevos recursos con cualquier pretexto y estudio.

EN BREVE, LUISA María Alcalde dejará la Consejería Jurídica de la Presidencia, y dos nombres empiezan a sonar para sustituirla: Arturo Zaldívar y Salvador Nava. El primero no requiere de grandes presentaciones: expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura y ahora Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México. El segundo es el abogado electoral de Claudia Sheinbaum, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los dos tienen la misma oportunidad de escalar a esa posición. La duda es hasta dónde la Presidenta querrá darle peso a su consejero jurídico, pues tras la salida de Julio Scherer, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los posteriores consejeros no pasaron de ser meros burócratas administrativos.

LA DECISIÓN DE Volkswagen de eliminar un turno de producción en Puebla ya comenzó a sentirse más allá de sus líneas de ensamble, de acuerdo con la CTM delegación Puebla, que encabeza Leobardo Soto Martínez, los ajustes anunciados por la armadora alemana han empezado a golpear a la industria regional de autopartes, donde tan sólo en la última semana se habrían perdido más de tres mil empleos en Puebla y Tlaxcala. La preocupación del sector es que la cifra siga creciendo conforme se reduzca la demanda de componentes vinculados a los modelos afectados. El impacto también alcanza a las revisiones salariales y a las expectativas de utilidades para 2027, en una región cuya economía mantiene una fuerte dependencia de la actividad automotriz. La cadena de proveeduría está comprobando que las decisiones tomadas en una planta armadora rara vez se quedan dentro de sus propios muros.

EL TREN MAYA, ahora bajo la dirección del general en retiro Manuel Jaime Ramírez Camacho, contrató una póliza por 715 millones de pesos para proteger su infraestructura ante riesgos como terrorismo y sabotaje. El seguro fue adjudicado de manera directa a Agroasemex, empresa estatal que en distintos momentos ha enfrentado observaciones y cuestionamientos por parte de instancias fiscalizadoras relacionadas con su gestión y operación. La cobertura contempla una protección máxima de 11 mil 755 millones de pesos para uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno federal. Especialistas consideran que asegurar activos estratégicos contra este tipo de riesgos forma parte de las prácticas habituales en grandes proyectos, aunque la modalidad de contratación volvió a llamar la atención entre analistas del sector.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE