El Instituto de Fiscalización Superior del Estado se encuentra listo para entregar al Poder Legislativo a través de la Comisión de Vigilancia, el Informe General e Informes Individuales de Auditoría a las Cuentas Públicas 2024, mismos que ya están prácticamente concluidos y sobre los que únicamente se afinan detalles para ponerlos a disposición del Congreso.

Esto, una vez que los auditores llevaron a cabo un ejercicio de fiscalización cuyos resultados en observaciones financieras importan alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos, que los entes públicos no pudieron solventar durante las etapas preliminares destinadas precisamente al desahogo.

“Desafortunadamente, las entidades fiscalizadas sólo lograron solventar un porcentaje de sus observaciones financieras, quedando pendiente de aclarar en dinero, un monto aproximado de mil cuatrocientos millones de pesos”, informó el titular del organismo fiscalizador, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

Indicó que, al término de los plazos legales, las áreas de Investigación y Substanciación del IFSE continuarán los procedimientos de rigor, con la debida garantía de audiencia para responder de manera individual a las infracciones detectadas. “Sigue el requerimiento del recurso público cuya utilización se presume indebida, vía procedimientos administrativos e incluso penales para lograr su resarcimiento”.

“Los funcionarios o exfuncionarios público con o sin aspiraciones políticas tienen que aclarar sus cuentas ante el Instituto. En el caso de aquellos exfuncionarios que tienen aspiraciones políticas, y no han aclarado sus cuentas, se vuelven visibles, por tanto, es posible ubicar sus bienes y recurrir al embargo inclusive, para ponerlos a disposición del ente fiscalizado”, advirtió el Auditor Superior.

Finalmente, Rodrigo Lecourtois puntualizó que este año el IFSE ha presentado ocho denuncias penales ante la Fiscalía General de Estado, en contra de exfuncionarios e incluso funcionarios públicos municipales por la presunción de quebrantamiento a la hacienda pública y el patrimonio de los entes, evitando de este modo la prescripción de delitos.